El 17 de mayo de 1742, el gobernador José Antonio Manso de Velasco fundó la villa de San Fernando sobre quinientas cuadras cedidas por el capitán Juan Jiménez de León en su estancia de Lircunlauta. La nueva población, ubicada en el estratégico camino entre Santiago y Concepción, buscaba ordenar el corregimiento de Colchagua y atraer a los dispersos hacendados de la zona. Sin embargo, el proyecto fue recibido con “la mayor indiferencia”. Para los grandes propietarios, el nacimiento de un pueblo representaba un “enemigo formidable”: implicaba el desmembramiento de las estancias seculares, el ascenso social de pecheros y jornaleros y, en definitiva, el fin de un orden rural que deseaban conservar eternamente. El cura Diego José Marín retrató en 1745 a estos terratenientes como personas que vivían separadas de toda “humana y cristiana correspondencia”, entregadas a una “nativa e infelice propensión a la soledad”.
Ante la pasividad de los vecinos más acaudalados, Manso de Velasco desplegó una enérgica batería de medidas. En junio de 1742 se instruyó al superintendente Gregorio de Elzo para que persuadiera a los habitantes de distinción a tomar solares de forma gratuita, ofreciendo además el derecho a reclamar tierras acaparadas sin título. La resistencia persistió y la presión escaló: en agosto de 1743 el corregidor Pedro Gisbert y Talens recibió la orden de trasladar su residencia, despacho y archivos a la villa, una señal inequívoca de que la autoridad se instalaba para imponer el poblamiento. Los bandos posteriores fijaron plazos perentorios de 18 meses para cercar y edificar, bajo amenaza de destierro al presidio de Valparaíso y multas de 25 pesos para los nobles, o 10 pesos conmutables en trabajos forzados para los plebeyos. A quienes vivían de favor en las estancias se les dio un mes para mudarse, so pena de confiscar sus útiles de labranza y quemarles el rancho.
Las sanciones no tardaron en volverse ejemplarizantes. En septiembre de 1744, los “principales y más acomodados vecinos” Juan de Herrera e Ignacio Salinas fueron procesados por difundir noticias subversivas que buscaban frustrar la fundación. Poco después se ordenó el destierro a Valparaíso de todos los nobles que se negaran a poblar la villa, y ni siquiera los blasones más ilustres garantizaron inmunidad: José de Guzmán Coronado, descendiente de los duques de Medina Sidonia, fue alcanzado por una crecida multa. La dureza de la política fundacional quedó sellada el 24 de septiembre de 1746, cuando se mandó “secuestrar, sin distinción ninguna, los bienes de las personas que no han querido obedecer tantas y tan reiteradas y estrechas órdenes”, dejando su destino en manos del protector de la villa.
Paradójicamente, la fundación impuesta por la fuerza se acompañó de la concesión de generosos privilegios. El 29 de mayo de 1745, el gobernador sancionó que los hacendados que hubieran tomado solar podían adquirir para sí y sus descendientes la calidad de personas nobles, mediante alguna contribución en dinero o especies. Además, por el solo hecho de ser vecinos, gozarían de preferencia en la contratación de jornaleros, el fletamiento de animales y vehículos, y la compra de tierras, ganados y comestibles. Las pulperías quedaron exentas del Real Derecho, y se establecieron ferias francas durante tres días en honor al patrono San Fernando. En un giro revelador de las tensiones internas del proyecto, el cabildo declaró días después que los nobles estaban exentos del gravamen de ser pobladores, por estar sujetos a las cargas del mando y obligados a aceptar puestos públicos, lo que motivó que el propio corregidor y los alcaldes recurrieran al virrey del Perú.
Pese a un origen tan conflictivo, la villa echó raíces. El cronista Vicente Carvallo y Goyeneche consigna que hacia 1780 San Fernando albergaba unas cuatrocientas familias y cerca de cinco mil habitantes, con edificios “de más comodidad que los de otras villas”. Regidores, alcaldes y escribanos se sucedieron para dar vida al cabildo: Diego de Baldovinos, Francisco de Aránguiz, José de la Arriagada, entre otros. La ciudad que hoy es capital de la provincia de Colchagua nació, pues, en la porfía entre la mano dura del Estado borbónico y la resistencia de una aristocracia rural que solo cedió cuando comprobó que, en la nueva villa, también podía conservar y aun acrecentar sus privilegios.
