La creación del corregimiento de Colchagua, decretada el 30 de mayo de 1593 por el gobernador Martín Óñez de Loyola, fue la respuesta de emergencia a un territorio indómito y en crisis. Hasta finales del siglo XVI, este vasto espacio que se extendía entre los ríos Cachapoal y Maule dependía de Santiago. En la práctica, sin embargo, la región era un rincón aislado por la geografía. Los densos bosques, las ciénagas y los impetuosos ríos invernales cortaban toda comunicación, convirtiendo cualquier viaje a la capital en una travesía peligrosa y costosa. Quienes necesitaban defender sus derechos ante la justicia debían resignarse a sufrir eternos retrasos, dejando a los residentes locales en un desamparo absoluto.
Esta desconexión alimentó un escenario de graves abusos. El sistema de encomiendas operaba sin fiscalización, permitiendo que los conquistadores explotaran a los indígenas como bestias de carga en las minas y campos. La resistencia nativa a esta semiesclavitud y las denuncias sobre los agravios perpetrados por los soldados en las haciendas obligaron a la Corona a intervenir. Así nació la figura del corregidor en Colchagua: un representante directo del Rey investido con poder civil y criminal, encargado de mediar en los conflictos de la zona y, fundamentalmente, de asumir el rol de “capitán de guerra” en un Chile que aún sangraba por el conflicto hispano-indígena. Aunque el Cabildo de Santiago protestó con fuerza ante la pérdida de sus terrenos, la decisión quedó firme, uniendo bajo una misma administración a pueblos históricos como Teno, Rauco, Nancagua, Peumo, Malloa y Rapel.
“Martín García de Óñez y Loyola, caballero de la Órden de Calatrava, gobernador, capitán general é justicia mayor, por el Rey, nuestro Señor, en este reino y provincias de Chile, etc. Por cuanto de algunas diligencias que por mi orden se ha fecho en inquirir y saber el cuidado y rectitud con que los administradores de los naturales deste reino usan sus oficios en el beneficio de las haciendas dellos con la cuenta que se debe y el tratamiento personal que es justo, he sido informado de los muchos agravios que los soldados y otras personas hacen a los dichos indios en las suyas, tomándoles por fuerza, sin orden ni razón, las haciendas y dejan de acudir a pedir su justicia, defensa y reparo al corregidor de la ciudad de Santiago por ser muy lejos y por otros inconvenientes, y la persona de quien reciben cualquier agravio, siendo pasajero, se va por donde se le antoja, sin que el corregidor le vea ni sepa dél, para cuyo reparo he mandado hacer las ordenanzas que más justificadas me han parecido; demás de que en la repartición de los bastimentos, peltrechos y demás municiones que se previenen para la guerra deste reino y en congregar y juntarlos de los pueblos de indios donde se reparten son vejados y agraviados, y para evitar otros y los que de otra cualquier manera les puedan resultar y en todo haya la rectitud, puntualidad, igualdad en el sacar de los dichos peltrechos y diligencia y cuidado en recogerlos donde se ordenare y conviniere para todo lo que fuere bien y aumento de los naturales y su conservación y doctrina; que asimismo soy informado que hay notable descuido en juntar la gente della, es nescesario la asistencia de la justicia, y conviene al servicio de Su Majestad y buen gobierno deste reino nombrar corregidor de los pueblos de indios Teno, Rauco, Nancagua, Colchagua, Peomo, Ligueimo, Pichidegua, Rapel, Mallogua, Taguataguas y Copequén, questán en el término y juridición de la dicha ciudad de Santiago, y por alcalde mayor de las minas del distrito de los dichos pueblos, persona de satisfación y cuidado, diligencia y cristiandad, y vos don Alvaro de Villagrán sois caballero hijodalgo, [hijo] del gobernador Francisco de Villagrán […]”. (Cabildo de Santiago, 9 de julio de 1593)
El perfil de los primeros hombres en asumir este cargo refleja el carácter militar de la época. El corregidor inicial, Álvaro de Villagra, apenas sostuvo el bastón de mando por un año antes de marchar al sur a combatir en la Guerra de Arauco. Su sucesor inmediato, Juan Pérez de Cáceres, repitió la breve gestión, mientras que el tercer corregidor, el sargento mayor Francisco Pérez de Valenzuela, encarnó el trágico destino de la época al morir en 1599 defendiendo la plaza de Valdivia. Para estos primeros gobernantes, el cargo en Colchagua era una estación de paso en una vida dedicada a las armas.
Sin embargo, a medida que el siglo XVII avanzaba y el peligro militar directo disminuía en la zona central, el rol del corregidor mutó profundamente, transformándose en una plataforma para la acumulación de tierras y riqueza. Los gobernantes comenzaron a asentarse y a recibir extensas mercedes reales, dando origen a las grandes estancias que definieron la identidad agrícola del valle. Gonzalo Gutiérrez de Sotomayor levantó un imperio de más de dos mil cuadras en la laguna de Tagua Tagua; Juan de Ibarra y Felipe de Arce Cabeza de Vaca hicieron lo propio absorbiendo miles de hectáreas a las orillas del río Tinguiririca, y Francisco Paniagua de Loayza consolidó propiedades que sumaron más de tres mil cuadras entre Malloa y Teno. El poder político y la propiedad de la tierra se volvieron una sola cosa.
Esta concentración de poder en un territorio tan apartado también abrió la puerta a la violencia y la impunidad. Las disputas por el control local se resolvían muchas veces con las armas, como ocurrió durante el gobierno de Juan de Liberona, cuyo hijo Martín murió en un duelo de espadas tras una discusión con el teniente Juan de Ibarra. A pesar de que hubo funcionarios con misiones de control social específicas, como el maestre de campo Blas de los Reyes, quien a finales del siglo XVII recibió el encargo de censar y matricular los pueblos de indios supervivientes, la tónica general del corregimiento siguió siendo el fortalecimiento de la aristocracia terrateniente y criolla.
El tramo final de esta historia, durante el siglo XVIII, estuvo marcado por un intento de modernización urbana que terminó chocando con la corrupción local. La fundación de la villa de San Fernando alteró la geografía del poder; corregidores como Pedro Gisbert y Talens asumieron también el título de superintendentes de la nueva urbe, convirtiéndola en el corazón administrativo de la zona. Pero la cercanía del poder no garantizó la justicia. El caso del general Antonio de Ugarte, quien gobernó entre 1775 y 1785, expuso las peores prácticas del sistema colonial: Ugarte monopolizó los negocios, forzó a los vecinos a comprar en sus tiendas, cobró tributos ilegales a los feriantes y despojó de tierras a sus propios allegados, dejando a San Fernando en una miseria tal que la Real Audiencia terminó multándolo.
El fin del corregimiento llegó en 1785 de la mano del capitán Luis de Velasco. Su nombramiento cerró dos siglos de una institución diseñada originalmente para proteger a los desamparados, pero que terminó pavimentando el camino para el surgimiento de los grandes señores del valle. Velasco, al transicionar de último corregidor a primer intendente-subdelegado del nuevo partido de Colchagua, clausuró la era de los capitanes de guerra y abrió las puertas a la administración moderna del Chile decimonónico.
“Título de corregidor del Partido de Colchagua en el Reyno de Chile a D. Pedro Gisbert y Talents [sic]”, en el Archivo General de Indias, España (Contratación, 5483, N.° 1, R. 22).
