El 30 de agosto de 1826, el presidente Manuel Blanco Encalada promulgó la ley sancionada por el Congreso Nacional que ratificó, ahora con toda la fuerza de un mandato legislativo, la división del territorio de la república en ocho provincias. Si bien el decreto de José Miguel Infante, dictado en enero de ese mismo año, había echado a andar de inmediato la nueva arquitectura federal, su vigencia estaba expresamente condicionada “hasta la sanción de la Legislatura nacional”. La ley de agosto vino, pues, a confirmar aquella geografía política que ya operaba en los hechos, pero elevándola desde un acto administrativo a una decisión soberana del Congreso. Colchagua fue así ratificada en su carácter de provincia, junto a Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, con los mismos límites fijados siete meses antes: desde la orilla sur del río Cachapoal hasta el río Maule.
La ley introdujo, sin embargo, algunas disposiciones que revelan tanto la conciencia de la precariedad del diseño como la voluntad de dotarlo de flexibilidad. El artículo segundo establecía que “si la experiencia demostrase que esta demarcación no es perfecta, y que es susceptible de mejora, la siguiente legislatura nacional, en la forma que prevenga la Constitución, la alterará según por entonces convenga”. Más significativo aún resultaba el artículo tercero, que otorgaba a las asambleas provinciales la facultad de variar las capitales designadas, una vez constituidas y sancionadas sus respectivas constituciones. Era una concesión al espíritu federalista que, en el caso de Colchagua, dejaba abierta la puerta a un eventual retorno de la capitalidad a San Fernando, la histórica cabecera del corregimiento y partido colonial que el decreto de enero había desplazado a favor de Curicó.
La designación de Curicó como capital provincial, confirmada por la ley, no había sido antojadiza. Desde su segregación como partido independiente en 1792, la villa había consolidado una pujanza que la convertía en un punto de equilibrio dentro de los nuevos límites de la provincia. Asumió la intendencia, con carácter de interino, Isidoro de la Peña, hasta entonces gobernador del departamento de Curicó, garantizando así la continuidad administrativa en una provincia recién nacida que exigía poner en marcha toda la maquinaria de gobierno.
En su organización interna, la provincia de Colchagua quedó subdividida en tres departamentos: San Fernando, con capital en la ciudad del mismo nombre; Curicó, con cabecera en la villa que oficiaba también de capital provincial; y Talca, con cabecera en la ciudad homónima. Cada uno de estos departamentos, con excepción de la capital provincial, era administrado por un gobernador designado por el presidente de la República, mientras que la intendencia recaía en un funcionario de igual nombramiento. La administración local, por su parte, quedó en manos de los respectivos cabildos de cada cabecera departamental.
La constitución federalista jamás superó la etapa de discusión en el Congreso Nacional. El 20 de junio de 1827, el propio legislativo declaró disuelto el Congreso Constituyente y ordenó consultar a las asambleas provinciales sobre la forma de gobierno que debía adoptar la república, convocando a un nuevo Congreso Constituyente para febrero de 1828. Para entonces, el ímpetu federalista se había agotado entre disputas entre las provincias, rivalidades con Santiago y una inestabilidad política que hacía imposible reunir las leyes aisladas en un texto constitucional coherente. Las ocho provincias creadas por el decreto de Infante y confirmadas por la ley del 30 de agosto de 1826, sin embargo, sobrevivieron el naufragio del proyecto federal. La provincia de Colchagua, en particular, perduró como entidad territorial mucho después de que el sueño de Infante se desvaneciera, aunque su fisonomía —incluida la ubicación definitiva de su capital— seguiría siendo materia de ajustes y tensiones en las décadas siguientes, ya bajo el signo de un orden político crecientemente centralizado.
