Tras el retorno al régimen democrático y el término de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, un grupo de diputados encabezados por Óscar Gajardo, Gustavo Errázuriz y Néstor Valenzuela, entre otros, presentó un proyecto de ley para restablecer las antiguas provincias de Colchagua y O’Higgins. El anhelo de San Fernando por recuperar su rango de capital provincial encontró así cauce legislativo. En la sesión del 8 de enero de 1934, los parlamentarios fueron categóricos al denunciar que “la nueva división territorial fue, para San Fernando, un despojo, bajo el imperio del gobierno de fuerza del señor Ibáñez, al trabajo, al sacrificio y al capital acumulados por muchas generaciones”. No solo se le había privado de su jerarquía administrativa, sino que se le desmembró territorio departamental y cerca de la mitad de su población fue anexada a otros departamentos.
El diputado Óscar Gajardo defendió la iniciativa con particular elocuencia. En su intervención, subrayó que no se trataba de crear una situación nueva, sino exclusivamente de “devolverle a la ciudad de San Fernando lo que era suyo, y se le arrebató con injusticia y arbitrariedad”. Gajardo fue más allá al afirmar que si la fusión hubiera producido algún beneficio a los habitantes, no se habrían atrevido a pedir la revisión; pero nada había justificado la nueva situación: “Con ello no se ha obtenido ni una división geográficamente mejor estudiada, ni una mayor descentralización administrativa, ni más perfecta eficiencia en los servicios públicos; y en cambio, en San Fernando ha disminuido el comercio, las industrias se han resentido, el valor de la propiedad urbana ha bajado”. El legislador sentenció que la medida de Ibáñez había sido “regresiva, en todo el sentido de la expresión”, olvidando que la formación de las poblaciones obedece a hechos históricos, geográficos y económicos “que escapan a la influencia de los que pretenden rehacer su curso desde el gabinete de un dictador”.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 15 de enero de 1934, con el respaldo del presidente Arturo Alessandri, quien comprendió “la necesidad de ponerle pronto remedio” a la situación anómala heredada del régimen anterior. La Comisión de Gobierno Interior modificó el proyecto original para incluir el departamento de Cachapoal, con capital en San Vicente, dentro de la provincia de O’Higgins. Al día siguiente, el Senado tomó razón de la aprobación y el 17 de enero también dio su visto bueno. En esa sesión, el senador Arturo Dagnino Oliveri expuso su convencimiento de que la gran provincia de Colchagua con capital en Rancagua “no ha respondido a ninguna necesidad o conveniencia pública; al contrario, ha ocasionado una verdadera perturbación en los servicios administrativos, y ha restado importancia a ciudades que la tenían desde largo tiempo”. Dagnino agregó que, en un momento en que dominaba el espíritu de descentralización, los pueblos de la costa de Colchagua se encontrarían en una situación difícil para asistir a las sesiones de una asamblea provincial que se celebraría en la distante Rancagua.
El 24 de enero de 1934, tras su publicación en el Diario Oficial, entró en vigor la Ley N.° 5.376. La provincia de Colchagua quedó restablecida con los departamentos de San Fernando y Santa Cruz, mientras que Caupolicán y Cachapoal pasaron a integrar la restaurada provincia de O’Higgins. La ley no afectaba las agrupaciones electorales vigentes para las elecciones de senadores y diputados, y autorizaba al Presidente de la República para crear o suprimir los servicios necesarios en ambas provincias. Los gastos que originara la norma se costearían el primer año con un impuesto adicional sobre las propiedades urbanas de San Fernando de avalúo superior a diez mil pesos. Seis años después de la fusión forzada, San Fernando recuperaba su sitial de capital provincial, cerrando un capítulo que había sido vivido por los colchagüinos como una herida abierta y una afrenta a su identidad histórica.
